El pueblo NO salva al pueblo_#La Tramoya
EL PUEBLO NO SALVA AL PUEBLO
Maricarmen tiene 87 años, llevaba más de setenta viviendo en la misma casa y pagaba su alquiler.
Y aun así la desahuciaron.
Legalmente, ojo.
Su contrato era de renta antigua, había pasado por varias subrogaciones y la ley permitía extinguirlo.
Y apareció icono.
Una mujer de 87 años saliendo en camilla de la casa de toda su vida.
España descubrió a Maricarmen.
¿O fue la política la que descubrió a Maricarmen?
Porque dos días antes conocíamos la historia de Olga.
54 años. Dos hijas. Más de veinte años en su vivienda de L’Hospitalet. Fue desahuciada en abril y cinco meses después se suicidó.
Su familia relaciona ambas cosas, aunque existían problemas previos de salud mental y no podemos establecer una causalidad directa.
Lo que sí podemos establecer es que no hubo «decreto Olga».
Quizá porque Olga vivía en Cataluña, gobernada por Salvador Illa.
Maricarmen vive en Madrid.
Gobierna Ayuso.
Y, de repente, un desahucio dejó de ser solamente un problema de vivienda y se convirtió también en munición política.
El mismo día de Maricarmen, a pocos kilómetros, David, un hombre con discapacidad, y su hijo de 21 años eran expulsados de una antigua vivienda social adquirida por un fondo de inversión.
Tampoco existe el «decreto David».
Y es que la política tiene una extraordinaria capacidad para encontrar seres humanos cuando su historia ofrece rentabilidad política.
Hoy, seis días después, el Gobierno ha aprobado dos decretos de vivienda.
Prórrogas de contratos, más protección frente a desahucios, regulación de alquileres temporales y restricciones a la compra de viviendas por fondos de inversión.
Medidas que, ojo, no nacieron con Maricarmen, llevaban meses encima de la mesa.
Lo que apareció después de Maricarmen fue la urgencia.
Y podemos discutirlas.
Pero lo que no deberíamos permitir es que nos legislen mirando únicamente la el impacto en votos.
Porque proteger a quien ya está dentro puede tener consecuencias también para quien busca alquiler.
Y garantizar el derecho a la vivienda corresponde a los poderes públicos.
Si una persona vulnerable necesita una alternativa, que la Administración se la proporcione.
Sí, la Administración. Que no te hagan el lío.
No podemos convertir automáticamente al propietario en sustituto de la política social.
Porque el propietario a veces es un fondo de inversión, sí.
Pero la mayoría de los propietarios de viviendas alquiladas en España son particulares.
Gente que heredó una vivienda, que la compró como inversión o que puso ahí sus ahorros.
Maricarmen demuestra que tenemos un problema.
Olga y David demuestran que ya lo teníamos.
La diferencia es que Maricarmen apareció en el lugar, el momento y la fotografía adecuados.
Que no nos engañen, no se lo pongamos tan sencillo.
Que no es el pueblo el responsable de salvar ni a Maricarmen, ni a Olga o David.
Es la Administración.
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